Uno de los hechos que ha estado en la palestra en materia de salud durante este primer semestre, es el explosivo crecimiento de personas infectadas con VIH/Sida en Chile, el cual tal como lo mencionamos en publicaciones anteriores, aumentó un 96% en los últimos siete años. Pero hasta hoy imperaba un fenómeno desconocido para médicos y expertos especializados en el tema y que no incluía la realidad de extranjeros viviendo en nuestro país.

Tal incógnita fue resuelta recientemente por el Minsal a través de un informe que muestra el alza que ha experimentado el contagio de VIH en los últimos 8 años, revelando que los inmigrantes con Sida en Chile crecieron un 16,7% entre 2010 y 2017. Según el reporte, el año pasado se registraron 3.291 casos notificados en el sistema de salud público, de los cuales 2.661 corresponden a chilenos y 629, es decir, el 19%, a ciudadanos extranjeros.

De acuerdo con el informe, en 2016 hubo 2.993 casos, de los cuales 2.560 corresponden a chilenos y 433 a inmigrantes (14,5%). Mientras que en 2015, el número de individuos con VIH/Sida llegó a 2.809, siendo 2.516 chilenos y 282 extranjeros (10%). Lo preocupante es que al comparar lo que ocurría en 2010 el incremento sostenido cobra una relevancia más que significativa: ese año se notificó a 1.747 personas, de las cuales 41 pertenecían a ciudadanos de otro país, cifra equivalente al 2,3% de la población con el virus.

Si bien no se han identificado las causas concretas sobre el aumento significativo de extranjeros con el virus en Chile, miembros del Programa Nacional de Prevención y Control de VIH/Sida e Infecciones de Transmisión Sexual, detallaron que “son múltiples los factores socioculturales, económicos y políticos, tanto en los países de origen como de destino, que inciden en el riesgo y vulnerabilidad frente al VIH de las personas migrantes: normas sociales y culturales, barreras lingüísticas, pobreza, que genera acceso insuficiente a la información relativa a la prevención y a los servicios de salud”.

Medidas de Gobierno

A pesar que desde el 12 de diciembre de 2014 existe una resolución sobre “Atención de salud de personas inmigrantes”, que permite el acceso de extranjeros a servicios de salud vinculados al VIH/Sida e ITS, el Gobierno adoptará medidas preventivas para controlar la expansión del virus incentivando el autocuidado, a través de una mayor exposición de la población a campañas de comunicación social, proyectos de prevención y disponibilidad de preservativos, incluyendo el condón femenino, que se incorpora por primera vez como una política pública financiada por el Minsal.

Paralelamente, en el ministerio estarían analizando la inclusión en políticas públicas lo que se conoce como “Profilaxis Preexposición al VIH-PrEP”, que es el uso de antirretrovirales como mecanismo de prevención y así reducir el riesgo de adquirir la infección por VIH. De implementarse, las compras de este principio activo por parte del Estado aumentarían significativamente en un mediano plazo.

Si tomamos en cuenta el período analizado por el Minsal en su informe, según datos de órdenes de compra obtenidos desde Point, el Estado registró un gasto total en antirretrovirales por más de $317.845 MM entre 2010 y 2017. Ahora, si bien se mantuvo una compra constante durante esos años, los peaks se registraron en 2011 ($46.420 MM), 2013 ($59.469 MM) y 2016 ($79.091 MM), con un aumento promedio de adquisición cercano al 30%.